«Luna destruyó el documento que podía aportar algún indicio del delito»
José Marí Olano no cree en la «casualidad» del encuentro en un restaurante de fiscales y policías en el «caso Luna»
Abogado del Estado, José Marí es uno de los imprescindibles en el grupo parlamentario popular cuando algún asunto político acaba en la vía judicial, algo por lo demás bastante frecuente durante esta legislatura.
—¿Le genera algún conflicto su doble condición de político y funcionario?
—Es cierto que en alguna ocasión se puede haber generado algún tipo de tensión; cuando así ha sido, se me ha hecho saber con mucha corrección y tacto profesional.
—¿Cómo han encajado la decisión de Conde-Pumpido de no atender la solicitud formulada por el PP de que los fiscales Cabedo y López Ebri se abstuvieran en el «caso Luna»?
—La acatamos porque es irrecurrible, pero no la compartimos. Pumpido ha perdido la ocasión de despejar las dudas sobre la parcialidad institucional de la Fiscalía y de la línea que él marca y que siguen Cabedo y López Ebri.
—¿Recomendar un restaurante y acudir luego a él provoca un encuentro «casual»?
—Si alguien cree en casualidades buscadas, estupendo. Sé las circunstancias de este caso por lo que ha comentado el portavoz socialista, Ángel Luna, y está claro que fue un encuentro deseado.
—¿Es sorprendente que el imputado en la causa erija en defensor de los fiscales?
—Quizá Luna crea que la línea institucional del Ministerio Fiscal en asuntos de trascendencia político-mediática le beneficia en su posición procesal, y que el fiscal le cubre. Habría que preguntárselo a él.
—Luna alude a la colaboración entre policías y fiscales como necesaria. ¿También aquí?
—Si el encuentro fue casual, ¿a qué viene hablar de relaciones institucionales entre Fiscalía y Policía? El problema es que la filtración del documento sólo puede venir de la Policía, la Fiscalía o el TSJ madrileño, las tres únicas fuentes con obligación de guardar secreto. Por eso extraña un encuentro entre fiscales y policías que son testigos en este caso.
—Pero los policías son eso, testigos, no imputados.
—Sí, pero tres testigos capitales porque son firmantes del documento revelado: el jefe de la brigada y dos autores del informe. Sí, acudieron como testigos pero a ningún fiscal se le escapa la posibilidad de que en función de las respuestas que ofrecen en su declaración pueden pasar a imputados.
—¿Qué busca el PP en este caso?
—Es difícil llegar a la fuente de la revelación del secreto, más cuando el imputado, como es su derecho, genera confusión. Luna destruyó el documento y el sobre que lo contenía. Un estudio dactiloscópico habría aportado algún indicio, pero se cuidó de hacerlo desaparecer inmediatamente. El juez instructor está agotando los márgenes de la investigación; y de no hallarse indicios, lo que procede es el archivo provisional, no sea que algún día aparezcan pruebas.
—No se han practicado pruebas a petición del fiscal. ¿Sorprendido?
—Ya le manifesté al fiscal superior, Ricard Cabedo, mi sorpresa por que no hubiera actuado de oficio en este delito exhibido en un lugar como las Cortes. Dijo que no había leído los periódicos. Ahora no sé si la inacción se debe a la actitud del fiscal encargado del caso o a la del fiscal general.
—¿Cómo queda Luna en el plano político?
—Es un justiciero de pacotilla. Él, que es legislador, ha contribuido, con su revelación de documentos secretos, como mínimo, a hacer más perniciosos los efectos del delito al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Es duro que el representante de un poder del Estado contribuya a agravar las consecuencias de un delito respecto a otro poder del Estado. Respecto a la reforma de la casa de su mujer, el auto dice que se pudo cometer un cohecho tipificado en el 425 del Código Penal. De no haber mediado la prescripción, una condena le hubiera llevado aparejada la privación del acta de diputado y la imposibilidad de ser concejal en el pueblo más pequeño de España.
—¿Qué daño ha hecho el «caso Gürtel» a la imagen de la Justicia?
—Importante. Pero en los asuntos con trascendencia política que están en manos judiciales siempre se producen daños colaterales. Lo que no es de recibo es que el entonces ministro de Justicia Mariano Bermejo se fuera de cacería con un juez instructor que se declara socialista. Por cierto, Bermejo fue fiscal jefe de Madrid cuando el PP estaba en el Gobierno; lo digo para que conste cuál es el respeto de unos y otros a la institución de la Fiscalía.
—Ve, pues, más sombras que luces.
—Sí, porque también hace daño a la Justicia mover su actuación hasta el final sin fundamento, y ocurre. Si luego hay una sentencia absolutoria esas personas han tenido un daño irreparable en su honor y en el patrimonio. Si, además, esa acción infundada de la Justicia se eleva como arma única de la actividad política y se quiere influir en la decisión del pueblo de elegir a sus legítimos representantes, el daño para la Justicia y el Estado de Derecho es irreparable.
—Que un juez «ilustre» a los periodistas, como hizo José Flors recientemente, ¿es algo frecuente?
—Las actividades formativas en las que participan jueces , salvo que sean privadas, están pautadas, si son en sede judicial, por el Consejo General del Poder Judicial. Flors es una de las personas más adecuadas para formar a periodistas de que reflejen bien cualquier cuestión judicial. Pero me pareció raro.
—¿Ha seguido de cerca la evolución del caso de Carlos Fabra?
—En los asuntos judiciales de Fabra es parte la Abogacía del Estado y mi deber de imparcialidad me impide pronunciarme sobre ellos. Eso sí, soy amigo de Fabra.
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