Los trece municipios de la Albufera se unen en contra de las prospecciones petrolíferas
Frente al lago de la Albufera, en pie y con los semblantes serios. Los 13 representantes de los municipios ribereños, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el de la Diputación, Alfonso Rus, los consellers de Medio Ambiente, Juan Cotino; de Turismo, Angélica Such; de Infraestructuras, Mario Flores; y de Agricultura, Maritina Hernández, acompañados por la alcaldesa Rita Barberá, mostraron ayer su enérgico rechazo a las prospecciones petrolíferas. Un frente común sin precedentes para defender una de las principales joyas de Valencia: su litoral.
Este despliegue político tenía la clara intención de demostrar la sintonía existente, y con su ejemplo reclamar el apoyo de los ciudadanos para unirse en contra de esta actuación «superando posiciones políticas». «Los valencianos, desde la unidad, deben ofrecer su rechazo a la realización de prospecciones petrolíferas en la costa del Golfo de Valencia», afirmó ayer Rita Barberá respaldada por la veintena de representantes.
Sueca, Silla, Sollana, Catarroja, Albal, Beniparrell, Cullera, Albalat de la Ribera, Algemesí, Alfafar, Sedaví, Cullera, Massanassa y Valencia. Todos los municipios estaban representados y todos quisieron asistir a la junta extraordinaria del Parque Natural de la Albufera, donde se visionó un vídeo y se mostró un mapa con el impacto visual que generarían las torres desde un extremo a otro de la Comunitat Valenciana. «Voy a hablar en nombre de todos para aseguraros que estamos unidos en un frente común porque esta actuación supondrá un gran impacto, tanto turístico como medioambiental», explicaba Rita Barberá, escoltada por el presidente Camps y los demás consellers y alcaldes ribereños.
Barberá hizo hincapié en los numerosos riesgos que podría conllevar la presencia de las torres para la flora y la fauna marina. Además, resaltó también su afección visual, porque se verían en 37 kilómetros de distancia, «desde el Montgó hasta el norte de Castellón». Se trata de un estudio cartográfico que se presentará junto al recurso contencioso administrativo que el Consell elevará contra la autorización del Gobierno a las prospecciones.
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