sábado, 26 de febrero de 2011

Nueva cortina de humo del gobierno:

El Gobierno rebaja el límite de velocidad en autovías a 110 km/h el próximo 7 de marzo

El límite de velocidad en autovía se reducirá de 120 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora a partir del próximo 7 de marzo, con el objetivo de rebajar el gasto de gasolina y gasóleo, según informó el vicepresidente primero del Gobieno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros.
Esta medida forma parte de un paquete con el que se pretende ahorrar energía ante la inestabilidad en los países del norte de África y la consiguiente escalda del precio del petróleo. Rubalcaba recordó que por cada diez euros que sube el barril de crudo, España gasta 6.000 millones más al año, unos 500 millones al mes.
"Cuanto más despacio, menos gasolina", dijo Rubalcaba. Este descenso de la velocidad en las autovías será transitorio hasta que mejore la situación internacional porque "no se sabe cuánto va a durar la inestabilidad". El portavoz del Gobierno aseguró que la medida permitirá un ahorro del 15% en el consumo de gasolina y del 11% en el de diésel. En breve comenzarán a cambiarse las señales de tráfico y se modificarán los límites de velocidad de los radares de tráfico.
A esta medida hay que sumar otras con las que se pretende recortar la factura energética. Por ello, se aumentará en un 7% el porcentaje de biocombustible para consumir menos productos petrolíferos. Además, se hará un seguimiento de los precios y márgenes de distribución para ver si se cumplen con las normas de la competencia. En esta línea, se creará un grupo de trabajo con empresas y distribuidores que se reunirá en breve.  
Por otro lado, el Gobierno también rebajará un 5% el precio de los billetes Renfe de Cercanías y Media Distancia para fomentar el transporte público frente al privado. Además, se pondrán en marcha otras medidas de ahorro relativas a la iluminación para las que se realizarán una serie de encuentros con los municipios. Para el próximo Consejo de Ministros quedará otro paquete que afectará a la iluminación de los edificios públicos.



El Gobierno rebaja el límite a 110 km/h para ahorrar energía y REACUDAR más en multas??
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la decisión de reducir el límite de velocidad en autovías y autopistas de los 120 kilómetros por hora actuales a 110 km/h "de forma transitoria". El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que con esta medida el Gobierno pretende "ahorrar gasolina".

Según ha explicado Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, está medida permitirá un ahorro de combustible del 15%. Asimismo, ha señalado que para aplicar esta nueva norma, que será efectiva a partir del 7 de marzo, se deberá proceder a cambiar las señales de tráfico de "forma urgente".

Además de la reducción del límite de velocidad, Rubalcaba ha anunciado otras medidas adicionales encaminadas al ahorro energético, como reducir los precios de los billetes de tren de cercanías y de media distancia de Renfe un 5% para fomentar el transporte público.
Asimismo, se elevará al 7% el porcentaje de biocombustibles en nuestro gasóleo, para consumir menos productos petrolíferos.
Ante la escalada del precio del petróleo, con el barril 'Brent' a 112 dólares, el Ejecutivo ha preparado un plan "preventivo" para ahorrar combustible. El Ejecutivo estima que cada subida de 10 dólares del barril supone un incremento de 6.000 millones de euros de gasto energético para España.
"No hay riesgo de suministro de petróleo y gas en el país, pero nos hemos visto obligados a tomar algunas medidas para ahorrar energía y aligerar la factura energética por la crisis en el norte de África", ha explicado Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El precio del litro de gasolina ronda máximos históricos. Según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de gasolina cuesta de media 1,284 euros, apenas un céntimo menos que en enero, aunque un 16% más que en la misma semana de 2010, mientras que el litro de gasóleo se sitúa en 1,247 euros.

Así, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 70,6 euros, 9,2 euros más que hace un año, mientras que un depósito de gasóleo cuesta 68,5 euros, 13,3 euros más.

Comentario: Los que propugnaban el "prohibido prohibir" en los 90 gobiernan ahora con el dogma de la prohibición como bandera. ¿Medida de ahorro? o ¿Nueva cortina de humo? Ustedes opinarán, pero esta nueva medida del gobierno ZP huele más a formula para obtener más ingresos a través de las multas que se generarán, que a verdadero ahorro. Se han parado a pensar en que esta medida, -transitoria según dicen-, genera a priori un enorme gasto de sustitución de placas señalizadoras, que ahora se quitan y luego ??? se tendrán que volver a poner. Un gasto que pagaremos todos, y muchos con multas incluidas. Si quieren que ahorremos que disminuyan los impuestos en los combustibles, esa sería la fórmula; pero, con la disminución de la recaudación por el tabaco, -otra reciente prohibición-, hay que sacar de donde sea, lo malo es que siempre a costa del ciudadano que, por mucho que se apriete el cinturón, ve como llegar a fin de mes es una aventura al estilo de Indiana Jones.

Dos fórmulas para ahorrar combustible:


martes, 22 de febrero de 2011

Humor: Isabel López i Chamosa portavoz PSOE Pacto de Toledo

La cuarta reunión entre los equipos de Camps y Alarte tampoco resuelve nada

Blanquerías amenaza con no mantener más encuentros en el Palau si no reciben en adelante propuestas más concretas

Jorge Alarte ya adelantó el viernes pasado su valoración, negativa por si alguien lo dudaba, de las 63 propuestas presentadas la semana pasada por Francisco Camps para salir de la crisis y remitidas al PSPV para tratar de llegar a un acuerdo. Y ayer, los negociadores del líder de los socialistas valencianos trasladaron a los representantes del gabinete del presidente de la Generalitat ese mismo rechazo -podría pensarse que para eso tampoco hacía falta ninguna reunión-. «No hay propuestas concretas. Hemos confirmado hoy (por ayer) que detrás de esas 63 propuestas no hay medidas con una cuantificación presupuestaria», señaló uno de los negociadores socialistas.

La reunión fue rápida -algo menos de media hora-. Hubo felicitaciones para el jefe de gabinete socialista, Josep Moreno, por su inclusión en la candidatura del PSPV en las próximas elecciones autonómicas. Pero acuerdos, lo que se dice acuerdos, ninguno. A los representantes socialistas no se les pudo mover de su discurso -obsesión, según las fuentes populares consultadas-: no a Ciegsa, no a Cacsa y no a Proyectos Temáticos. Como soporte documental, unos pocos folios en una carpeta que, según esas mismas fuentes, ni llegaron a exponer.
 
Se trata de la cuarta reunión con resultado similar, aunque era la primera después de que el presidente del PPCV hubiera tomado la iniciativa la pasada semana y hubiera remitido a Alarte un documento con 63 propuestas. El capítulo de consensos se limita al compromiso, también expresado por Alarte el pasado viernes, de votar de forma favorable en Les Corts la propuesta de reforma del Estatuto valenciano con el objetivo de blindar el capítulo de inversiones que llega de Madrid.
 
Visto lo visto, en el Palau de la Generalitat optaron por tomárselo con cierta sorna. «Han venido y se han ido con cierta prisa. Quizá tenían algún lío con la elaboración de las candidaturas electorales», señaló una fuente.
 
Desde Blanquerías, en cambio, se repitió el mismo tono amenazante de la última reunión entre los dos equipos negociadores: si no hay propuestas concretas, no volveremos al Palau de la Música. El mismo tono amenazante sí, y en esta ocasión probablemente si una fecha concreta para volver a mantener un encuentro. En todo caso sin acuerdos, pero también sin una ruptura definitiva. «Es Presidencia quiendebe hacer propuestas concretas porque son ellos los que conocen las disponibilidades presupuestarias existentes. Las 63 propuestas valen para aquí y para Madagascar», se remachó.



No contento con haber puesto en pie de guerra al socialismo castellonense con la confección de la lista electoral de la provincia, Francesc Colomer se descolgó ayer con una nueva amenaza que complica un poco más la vida a Jorge Alarte. El secretario provincial en Castellón le advirtió de que, si mueve alguna pieza de la candidatura que la ejecutiva provincial propuso el viernes, renunciará a encabezar la lista.
Mediante un artículo publicado en la web de los socialistas castellonenses, Colomer justificó que «no se entendería» su continuidad si se producen modificaciones en una candidatura en la que no están ni Ximo Puig ni el presidente del PSPV, Óscar Tena, y que fue «ratificada democráticamente» por la ejecutiva provincial.
El nuevo órdago de Colomer, que según fuentes del partido no atendió ninguna de las peticiones de Alarte a la hora de hacer la lista, se produjo después de que el secretario general de los socialistas valencianos le propusiera personalmente a Puig el pasado domingo en Elda rescatarlo para la candidatura con el fin de reparar el agravio sufrido por la corriente lermista en las listas tanto de Castellón como de Valencia.
El alcalde de Morella le contestará probablemente hoy, aunque fuentes de su entorno aventuraron que la respuesta será negativa. El sector lermista se siente «excluido» tanto en la lista Colomer como en la negociada entre Alarte y Carmen Martínez, donde sólo repiten tres de los actuales diputados y el primero de los lermistas, Andrés Boix, no aparece hasta el número diez. Por ello aspiran a que el secretario general, en virtud de la coexistencia pacífica que ha mantenido con la corriente encabezada por Puig desde que accedió al liderato del PSPV, promueva los ajustes necesarios para que todas las sensibilidades del partido se sientan representadas. De lo contrario, el comité nacional del sábado en el que se aprobarán las listas puede convertirse en un calvario para Alarte.
Hasta entonces, los diputados que han quedado descolgados apurarán los plazos para intentar forzar la repesca en la comisión nacional de listas de mañana. La gran incógnita es si Alarte se atreverá a modificar la propuesta de Colomer, sobre todo tras la amenaza de ayer, aunque algunas fuentes apuntaron que la actitud desafiante de Colomer se lo pone más fácil a Alarte. También se especula con la posibilidad de que en la lista de Valencia pueda haber baile de posiciones, que no de nombres, en los puestos de salida.
Ayer pasaron ocho diputados por el despacho de Alarte, entre ellos Ignasi Pla e Isabel Escudero. Según fuentes del partido, la actual vicepresidenta de la Mesa de las Cortes cuenta con pocas posibilidades de ser reintegrada. Antoni Such es otro de los diputados que se ha caído de la lista que también tiene previsto visitar en breve la cuarta planta de Blanquerías.
Herida abierta en Alicante
El otro foco de conflicto abierto está en Alicante. De momento, Blanquerías no ha efectuado ninguna maniobra para restablecer el diálogo roto con la secretaria provincial, Ana Barceló, quien renunció a enviar una candidatura cerrada al comité nacional. Fuentes socialistas manifestaron que Barceló lo hizo porque intuyó que su lista no obtendría el respaldo unánime de la ejecutiva provincial, pero no quiso proponer la de Blanquerías.

miércoles, 16 de febrero de 2011



Pe
por Alfonso Ussía

27 Enero 11 - - Alfonso USSÍA
Se ha echado de menos un comunicado oficial anunciando la buena nueva del parto de Penélope Cruz, la Pasionaria de Alcobendas. Ha sido un niño. Enhorabuena. Ha nacido en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y no en Cuba. Enhorabuena. De esta manera, el niño podrá optar a la nacionalidad estadounidense cuando alcance la mayoría de edad. Enhorabuena. El nacimiento ha tenido lugar en el hospital Cedars-Sinaí, uno de los más caros del mundo. Se calcula que la factura no bajará de los cien mil euros. Enhorabuena por tenerlos. En España sale más barato, pero los padres son muy dueños de decidir el lugar de acceso a la vida de sus hijos. Me aseguran mis informadores de partos ilustres que tanto el padre como la madre han luchado denodadamente contra sus ideas, y que las ideas han resultado derrotadas. De haber vencido las ideas, el parto se habría producido en Cuba, cuyo nivel médico y asistencial es altísimo, según dicen algunos. Pero no ha habido suerte. Tiene que ser muy dolorosa la militancia comunista para terminar dando a luz en el hospital más caro y exclusivo del imperio capitalista. Me estremezco cuando lo pienso. Porque el padre y la madre del niño recién nacido no son izquierdistas del montón. Forman parte de la cúpula ideológica y de agitación y propaganda del comunismo austero que todo lo comparte. En el hospital de Cuba le obligaban a la madre a compartir habitación con una camarada cubana, y hasta ahí podíamos llegar.

No hay que fiarse de las jóvenes cubanas de hoy, tan alejadas de los principios básicos de la Revolución. Además, que por culpa del bloqueo, no se garantiza en Cuba la disponibilidad de determinados medicamentos. De ahí que la pareja revolucionaria española haya decidido que su hijo nazca en el hospital más caro de la nación que impone el bloqueo a los cubanos. En España no hay bloqueo que valga, pero se entiende que en las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales por las que atraviesa nuestra nación, lo de nacer en España les haya parecido poco. El glamour rojo también existe. Y la última opción, la de tener un hijo en un campamento saharaui con Aminatu Haidar colaborando en el parto, la verdad, y en esto les doy toda la razón, no podía ser tenida en cuenta.

La militancia comunista no obliga a tanto sacrificio. Es legítimo sentirse de la más escorada izquierda y vivir como un millonario americano. Pedir ejemplaridad y coherencia entre las ideas y la realidad, o entre la teoría y la práctica, es una impertinencia muy propia de la gente de derechas, cuyas mujeres, muchas de ellas, dan a luz todos los días en las clínicas de la Seguridad Social. Y ahí está el problema. La Seguridad Social fue obra del franquismo –el propio Franco murió en uno de sus hospitales–, y un comunista que se precie de serlo no puede consentir que su hijo nazca en un hospital del régimen anterior. Sería imperdonable.

Pe y Ja han hecho muy bien. Tiempo habrá para levantar el puño, protestar contra el Gobierno del Partido Popular, llamar asesinos a sus dirigentes, volar al Aiún cuando sea necesario, descansar en Cuba como invitados del Régimen bloqueado, y seguir viviendo en la imperialista nación que bloquea a los cubanos. Tiempo habrá. Lo importante es que el niño ha nacido en Los Ángeles, que está bien, que a la madre nadie le molesta ni interrumpe, que todo marcha de maravilla y que cien mil euros por un parto tampoco es para escandalizarse.

Arriba los pobres del mundo, en pie famélica legión.

sábado, 12 de febrero de 2011


Valencia, 12 feb (EFE).- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, exige la apertura de un debate sobre la "independencia de la Justicia" en España, después de casos como el del president de la Generalitat, Francisco Camps, o el del concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, que evidencian que hay "distinto rasero".

En "Los desayunos de la Agencia EFE" en el hotel Las Arenas de Valencia, Barberá ha señalado que la actuación de la Justicia en la imputación de Camps por aceptar supuestamente regalos de empresas de la trama "Gürtel" o en la de Bellver por las obras de construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte exige un "debate".

Tras admitir que está "profundamente sorprendida por la evolución judicial de estos casos", insiste en que son una "muestra suficiente" para que se piense en "darle una vuelta a la independencia de la Justicia", ya que aunque hay "jueces y fiscales profundamente independientes, a lo mejor no lo son todos". "A todo esto hay que darle la vuelta, y probablemente la culpa la tenemos todos por la composición de los grandes tribunales", afirma la alcaldesa.

En este sentido advierte sobre el "distinto rasero" que se ha aplicado a Camps, para quien se mantiene la imputación a pesar de que no hay, dice, "ni una prueba que demuestre que le han regalado tres trajes", mientras que sobre las "dádivas" del presidente del Congreso, José Bono, la Justicia afirma que son "regalos de amigos".

La alcaldesa insiste en que en la causa contra Camps no hay nada que le implique más allá de "la declaración de un llamado sastre que llegó a declarar en un taxi acompañado de un redactor y un cámara de una determinada televisión".

Barberá denuncia que el president lleva dos años "sufriendo, día tras día", y reconoce que ha vivido momentos "de miedo", como cuando se le notificó "por teléfono" a Camps su implicación en el caso o cuando el juez Baltasar Garzón, que inició la instrucción del caso "Gürtel", habla de "acoso contra él".

"¿No será al revés?", se pregunta para admitir su sorpresa cuando el juez declaraba en una entrevista que si querían ir a por él, que fueran pero que dejaran "en paz" a su familia. "Pero qué ha hecho él con la familia de Paco, más que sacarla en el periódico con las grabaciones", reflexiona.

Asimismo califica de "panda de delincuentes" a los cabecillas de la trama "Gürtel", les acusa de "engañar" a los dirigentes del PP y de abusar de "la amistad" que recibieron de ellos o de su "ingenuidad", e invita a quien no tenga "algún amigo o a algún conocido que lo haya traicionado" a "tirar la primera piedra".

En cuanto a Bellver, además de ratificar que volverá a contar con él para su próximo equipo de gobierno, asegura que es un caso que "escandaliza" a los expertos en temas jurídicos, ya que se trata de un caso en el que cuenta con un informe favorable de los técnicos municipales.

Barberá afirma que en este caso hay un "único interés": plasmar las palabras "Valencia, urbanismo y corrupción" en un mismo titular.

"Hay que tener mucha paciencia y mucha templanza para no entrar en la provocación, que es lo que quieren", admite la alcaldesa, quien advierte de que van a "aguantar como jabatos" aunque son conscientes de que les "van a pasar muchas cosas de aquí a mayo", cuando se celebrarán los comicios municipales y autonómicos. EFE cra/cbr

viernes, 11 de febrero de 2011




Montero Aroca, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), notificó ayer al portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, que tendrá que acudir a declarar «en calidad de imputado» el día 18 de febrero por un presunto delito de encubrimiento.
 
El síndico socialista deberá de comparecer a las 10.45 horas del próximo viernes en el Alto Tribunal en el curso de la investigación de la causa abierta contra el propio Luna por exhibir el pasado 24 de marzo en la tribuna de oradores de Les Corts un informe bajo secreto de sumario del denominado 'caso Gürtel'.
 
El 18 de febrero también está citado a declarar, pero en calidad de testigo, el policía «conocido como Miguel» que ejerció de escolta de Luna «en la mañana del día 20 de diciembre de 2010», fecha en la que el síndico socialistas acudió a declarar ante el TSJ sobre este caso que instruye el magistrado Juan Montero. Como el juez desconoce el nombre completo del escolta la citación se realizará a través del comisario jefe de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat.
 
Será la tercera ocasión en pocos meses que el portavoz socialista en el Parlamento valenciano acuda a declarar ante el TSJ.
 
La resolución judicial, notificada ayer pero firmada el pasado martes, ofrece un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma ante el instructor.
 
El magistrado pretende que Ángel Luna aclare por qué motivo no conserva ese documento que enarboló en el hemicilo, puesto que lo considera clave para determinar cómo se pudo filtrar esa parte de la instrucción del 'caso Gürtel' si se encontraba bajo secreto de sumario.
 
La fiscalía y la defensa de Luna solicitaron que el juez sobreseyera el caso pero el magistrado, lejos de de ese criterio, abrió nuevas diligencias como la delaración del escolta. El delito de ocultación de pruebas está recogido en el artículo 451.2 del Código Penal. Está penado entre seis meses y tres años de cárcel.
 
Esta decisión judicial no supondrá que Luna presente su dimisión ni como portavoz del grupo socialista ni como diputado autonomómico. Es más, dispone del apoyo público del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que mantendrá a Luna no sólo como síndico, sino también en la candidatura del PSPV alicantino para el 22-M.

 


Camps refuerza la exportación valenciana para salir de la crisis

El jefe del Consell manifestó su apoyo a la promoción del sector exterior, en concreto del sector hortofrutícola, para que las empresas valencianas puedan salir de la crisis y recuperar el «camino de prosperidad, bienestar y creación de puestos de trabajo».

En este sentido, aseguró que «estaremos siempre con los sectores productivos, con las pequeñas y medianas empresas  para que nuestra estructura económica, empresarial, industrial, agrícola tenga siempre el camino de la exportación abierto».

Asimismo, Camps mostró su apoyo a las 76 empresas  exportadoras de hortalizas y frutas  que participan en la Feria y las instó a seguir abriéndose paso en el mercado exterior ya que «tenemos en la exportación un camino abierto para continuar haciendo futuro y creando prosperidad».

Un evento esencial

Fruit Logística es una de las Ferias más importantes, internacionalmente, del sector hortofrutícola y un punto de encuentro de la producción y distribución del sector. Este año participan 2.452 expositores procedentes de 84 países y esperan la asistencia de más de 50.000 profesionales de más de 130 países.

En esta décimo novena edición participan 76 empresas de la Comunitat, lo que supone un aumento del siete por ciento respecto a la anterior edición.
En este sentido, el 50 por ciento de la presencia valenciana se hace a través del pabellón institucional de la Generalitat Valenciana y abarca todos los sectores que participan  en este sector.

jueves, 10 de febrero de 2011

El Plan Confianza compensó el desplome de 862 millones de la licitación estatal durante el pasado año

Como los malos árbitros, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha optado por barrer para casa. De hecho, como avanzó el pasado mes de agosto el propio jefe del Ejecutivo, los recortes presupuestarios no han afectado a su provincia natal, León, que el pasado año percibió inversiones del Estado por valor de 385 millones de euros. Con una población que apenas alcanza los 499.000 habitantes y una extensión de 15.581 kilómetros cuadrados, la consignación presupuestaria para la tierra del jefe del Ejecutivo superó el pasado año a la de toda la Comunidad Valenciana —que se quedó con 356 millones de euros—, a pesar de que cuenta con más de 5,11 millones de personas censadas y ocupa un territorio de 23.255 kilómetros cuadrados.

Los datos corresponden a la estadística provisional de licitaciones que aporta la patronal de obra pública Seopan, presidida por el que fuera en la anterior legislatura jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, nada sospechoso, en consecuencia, de entrar en connivencia con las tesis defendidas por el Partido Popular.

Las cifras evidencian el mimo que dispensa el Gobierno en un feudo, el de su presidente, donde no se han percibido los ajustes presupuestarios derivados de la crisis y en el que la ejecución de las obras del AVE ha comportado una inversión millonaria.

En cambio, el descenso en la Comunidad Valenciana ha resultado brutal, al pasar de los 1.100 millones licitados durante 2009 a los poco más de 356 del pasado ejercicio, de acuerdo con las cifras aportadas por Seopan.

Por contra, la Generalitat ha mantenido el pulso inversor gracias al Plan Confianza, una iniciativa del Consell que busca compensar a través del impulso de las infraestructuras públicas la caída de la actividad económica y, de esa forma, mitigar los efectos sobre el mercado laboral. En 2010, las licitaciones superaron los 594 millones de euros, lo que supone un descenso del 8,4 por ciento.

Comparativa regional

Un retroceso en todo caso muy inferior al detectado en el conjunto de las gobiernos autonómicos, que redujeron la inversión una media del 21,3%. Regiones gobernadas por los socialistas, como Andalucía o Extremadura, aplicaron recortes del 62 y el 44 por ciento respectivamente, según Seopan, que elabora su información a través de los distintos boletines oficiales que se publican en España.

El Plan Confianza, calificado una vez más como «humo» por parte del PSPV, también ha resultado vital para sostener la inversión en obra pública en una coyuntura marcada por el frenazo en seco de la construcción residencial.

La dotación en infraestructuras puesta en marcha durante el pasado año por las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana ascendió a más de 888 millones de euros. El esfuerzo del Consell y las Administraciones municipales permitió que las licitaciones al final del año se situaran en un total de 1.839 millones, con un descenso del 37%, marcado por el descenso inversor del Ejecutivo central, que a pesar de la puesta en marcha del AVE a Valencia ha dejado obras en limbo como la conexión por alta velocidad con Castellón.

Esta provincia, además, ejemplifica el agravio respecto a la tierra natal de Zapatero. De hecho, la inversión estatal en Castellón apenas alcanzó el pasado año los 21 millones de euros, en la línea de otras como Teruel, Salamanca o Soria, a pesar de su pujanza económica y su nivel de población, y muy lejos de los 385 millones de euros que ha percibido en dicho periodo León.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Luna asegura que no tiene por qué dimitir aunque sea juzgado

El socialista se siente «perplejo» tras el auto del juez e insiste en que Camps lidera una persecución política contra él

El que marcó la raya fue el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que vino a decir que haría dimitir a cualquier cargo imputado. Es más, aseguró que nadie con asuntos pendientes con la Justicia iría en las listas electorales de su partido. A Antonio Amorós se le invitó a renunciar como portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante horas antes de que fuera guillotinado en Blanquerías y a Roque Moreno se le despachó por aparecer en una grabación de Brugal en la que pedía un pequeño favor para un amigo.

Alarte, que también pinchó en hueso con los tránsfugas de Benidorm, vio como el alcalde de Elche, Alejandro Soler, fue el primero que se le subió a las barbas. Ayer, Luna, que está imputado, dijo que no dimitiría aunque el juez Montero lo siente en el banquillo por un presunto delito de encubrimiento. El 20 de diciembre, el socialista declaró por primera vez ante Montero por mostrar en la tribuna de Les Corts un informe policial que estaba bajo secreto de sumario. Como dijo que ya no lo tenía, el magistrado le ha imputado por un posible delito de encubrimiento con el fin de no esclarecer quién cometió el delito de revelación de secreto.

A Luna, por primera vez, se le vio algo sobrepasado. Quizá agotado. Cuarenta minutos de rueda de prensa en la que no rehuyó ni una sola pregunta a las que contestó con más o menos acierto. No dudó en reconocer que se quedó «perplejo» al conocer el auto en el que le imputaban por la posible comisión de un delito por ocultación de pruebas, según se recoge en el artículo 451.2 del Código Penal. El delito de encubrimiento está penado entre seis meses y tres años de cárcel. Luna tranquilizó a todo el mundo y dijo que no acabará entre rejas.

El portavoz socialista se defendió como gato panza arriba. Primero, con el tema de la inviolabilidad parlamentaria. Aunque el auto de Montero es muy tajante en este asunto al descartar que los diputados tengan 'barra libre' en la tribuna, Luna mantuvo sus razones para asirse a este derecho parlamentario. Y anunció que lo hará hasta el final. Este será, al parecer, uno de los argumentos de peso en el recurso que prevé presentar su abogado.

El segundo de los pilares en los que sustentó su defensa es que ha hecho un bien para todos los valencianos. En público dice que no se arrepiente de haber mostrado el informe. Incluso que lo volvería a hacer. Los paseíllos por el TSJ le salen a cuenta «porque he cumplido con mi obligación», que para Luna no es otra que denunciar «el despilfarro» del Consell. Para el socialista, la deuda que tiene que pagar «es una persecución política liderada por Camps contra mí. Por meter el dedo en el ojo»

Aseguró que su intención no es entorpecer la labor de Justicia, aunque destiló ese regusto amargo que le produce que el magistrado Montero le impute por un delito que no se contemplaba hasta el momento: «Ha quedado demostrado (el auto así lo reconoce) que no he tenido nada que ver con una posible revelación de secreto y ahora sale el tema del encubrimiento. Cuando he pedido nuevas diligencias contra Camps por artículos diferentes al de cohecho pasivo impropio el juez nunca me lo ha aceptado». Sin decirlo, Luna se quejó de una diferente vara de medir.

El socialista reconoció que no ha encontrado el dichoso informe policial que extravió y aseguró que se despreocupó de él «porque luego llegó otro que decía que la trama se había quedado con tres millones de euros, que eran más de los 957.000 que apuntaba el primer documento».

Luna aseguró que muchos días le llegan a su despacho informes de forma anónima contra la gestión del Consell: «Yo no sabía que el documento que mostré estaba bajo secreto de sumario. Sobre el encubrimiento, mi actitud no fue dolosa». Uno de sus escoltas también será llamado a declarar. Luna se mostró, de nuevo, perplejo. Afirmó que fue él el que le dijo a su guardaespaldas que preguntara al jefe de seguridad de Les Corts el protocolo que se seguía cuando se recibía un documento: «Se lo explicaron y punto».

http://www.lasprovincias.es/v/20110209/politica/luna-asegura-tiene-dimitir-20110209.html

Font de Mora critica al Gobierno por 'bajar' el salario de los profesores

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha asegurado este martes que el Gobierno valenciano tiene la educación como una "prioridad absoluta" y por ello "nunca habría bajado el salario de los docentes, como sí ha hecho", según ha censurado, el Ejecutivo central.

Font de Mora ha hecho estas declaraciones durante la visita realizada a las actuaciones realizadas en el Colegio Público número 3 de Cheste y la inauguración de las escuelas infantiles de Cheste y Buñol, según informa la Generalitat en un comunicado.

El conseller ha explicado que mientras en el conjunto de España la disminución presupuestaria supera el 7%, en la Comunidad Valenciana "se ha quedado en el 3%, y este descenso se ha debido exclusivamente a la bajada de los salarios de los docentes decidida por el Gobierno central".

El Consell, ha dicho, "nunca habría tomado una medida así, porque el profesorado tiene una función tan importante que merece estar adecuadamente atendido desde el punto de vista económico".
Las prioridades de los gobiernos "se marcan en los presupuestos" y la Comunidad Valenciana tiene uno en educación de más de 4.200 millones de euros: "Uno de cada tres euros del dinero público se destina a este fin", ha remarcado.

De hecho, hasta enero de 2010 la Generalitat ha "aumentado las percepciones salariales de los profesores, porque con ello se manda un mensaje al conjunto de la sociedad".

"Cuando decimos que tenemos los mejores salarios de las comunidades de nuestro nivel lo decimos con propiedad, porque aquí los docentes están mejor pagados que en Cataluña, Madrid o Andalucía", ha aseverado.

Por ello, el máximo responsable de la Conselleria de Educación ha criticado que "el Gobierno central está mandando el mensaje contrario, puesto que una nación que no valora adecuadamente a su profesorado es una nación que no valora adecuadamente la educación".

En este sentido, ha señalado que un estudio reciente del sindicato CCOO, elaborado con datos del Ministerio de Educación, indica que la Comunidad es la autonomía de toda España que más porcentaje del presupuesto destina a la educación.


El Gobierno, ante la revuelta de las comunidades autónomas por la autorización a Cataluña para emitir deuda, afirmó que ese camino puede ser utilizado por todos los territorios. Aclaró que José Luis Rodríguez Zapatero no acordó con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, una autorización para emitir más deuda sino que limitó este procedimiento a la refinanciación de los vencimientos de créditos de este año, pero en ningún caso incrementar su endeudamiento.
El Ministerio de la Presidencia emitió hoy una nota para explicar que todas las autonomías pueden hacer uso de este mecanismo siempre que vaya destinado a refinanciar vencimientos.
Cataluña, precisó el comunicado gubernamental, "recibe el mismo trato que el resto de los territorios. Es decir, tiene que cumplir el objetivo de no rebasar el déficit del 1,3% del PIB y sus emisiones de deuda se limitarán a financiar dichos números rojos y los vencimientos de este año. Esta regla es general para todas las comunidades .
Distinto es el caso de los ayuntamientos, y en concreto el de Madrid porque se rige por una normativa diferente. La financiación de las comunidades está regulada por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, mientras que los municipios están sujetos a la ley de Haciendas Locales, que "impide la refinanciación de la deuda de años anteriores y sólo lo autoriza para nuevas inversiones", precisa el Ministerio de la Presidencia.
El Gobierno respondía así al conato de rebelión autonómica. O todos o ninguno fue la consigna de comunidades de signo distinto como Castilla y León, Murcia, Canarias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia, Aragón y Cantabria, así como el Ayuntamiento de Madrid, que exigieron un compromiso igual para todos. Desde Cataluña, el 'Govern' rechazó todas las críticas y negó la mayor. "Cataluña no tiene privilegios", dijo la Generalitat.
En un contexto general en el que a nadie le cuadran las cuentas y en el que la vía del endeudamiento se antoja como la solución más inmediata para salir del atolladero financiero, las comunidades autónomas, tanto las del PP como las del PSOE, levantaron la voz, sabedoras de que si Cataluña ha recibido la autorización para emitir deuda , a partir de ahora tendrán que ir pasando una a una por la Moncloa para pedir lo mismo.
http://www.laverdad.es/murcia/20110208/mas-actualidad/espana/gobierno-autoriza-refinanciamiento-deuda-201102082241.html

Zapatero opta por permitir endeudarse a todas las autonomías para cumplir sus compromisos con Mas

Cambia las reglas y permitirá que las comunidades refinancien sus vencimientos de deuda

El compromiso que Artur Mas arrancó el lunes a Rodríguez Zapatero para que Cataluña pueda emitir deuda ha obligado al Gobierno a hacer encaje de bolillos y a optar finalmente por el café —en este caso la deuda— para todos. Y es que el Ejecutivo no solo se enfrenta a la ira del resto de las autonomías, que perciben un trato de favor en esta autorización de deuda a Cataluña, sino que ese compromiso encaja con dificultad en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en las nuevas reglas fijadas por Gobierno y autonomías. Según estas, el Consejo de Ministros no autorizará nuevas emisiones de deuda a las comunidades que incumplan sus compromisos de déficit, hasta que no presenten un plan de saneamiento y demuestren, además, que las nuevas medidas están dando sus frutos.

Para saltarse estas reglas, lo que ahora dice el Ministerio de Economía, es que lo que se autorizará a Cataluña no serán nuevas emisiones de deuda, sino refinanciación de la deuda actual. Es decir, solo podrán emitir deuda para financiar los vencimientos que se produzcan en el ejercicio. Es decir, lo mismo que le prohibió Zapatero a Ruiz-Gallardón en el caso de la capital. Ahora, además, se permitirá utilizar esta vía a todas las comunidades.

Esta apertura de mano en el control de las cuentas autonómicas por parte del Estado hace fosfatina las exigencias que la pasada semana hacía la canciller alemana, Angela Merkel, al Gobierno, y aumentará las dudas que el endeudamiento autonómico despierta en los mercados.

martes, 8 de febrero de 2011


«Luna destruyó el documento que podía aportar algún indicio del delito»

José Marí Olano no cree en la «casualidad» del encuentro en un restaurante de fiscales y policías en el «caso Luna»

Abogado del Estado, José Marí es uno de los imprescindibles en el grupo parlamentario popular cuando algún asunto político acaba en la vía judicial, algo por lo demás bastante frecuente durante esta legislatura.

—¿Le genera algún conflicto su doble condición de político y funcionario?
—Es cierto que en alguna ocasión se puede haber generado algún tipo de tensión; cuando así ha sido, se me ha hecho saber con mucha corrección y tacto profesional.

—¿Cómo han encajado la decisión de Conde-Pumpido de no atender la solicitud formulada por el PP de que los fiscales Cabedo y López Ebri se abstuvieran en el «caso Luna»?
—La acatamos porque es irrecurrible, pero no la compartimos. Pumpido ha perdido la ocasión de despejar las dudas sobre la parcialidad institucional de la Fiscalía y de la línea que él marca y que siguen Cabedo y López Ebri.

—¿Recomendar un restaurante y acudir luego a él provoca un encuentro «casual»?
—Si alguien cree en casualidades buscadas, estupendo. Sé las circunstancias de este caso por lo que ha comentado el portavoz socialista, Ángel Luna, y está claro que fue un encuentro deseado.

—¿Es sorprendente que el imputado en la causa erija en defensor de los fiscales?
—Quizá Luna crea que la línea institucional del Ministerio Fiscal en asuntos de trascendencia político-mediática le beneficia en su posición procesal, y que el fiscal le cubre. Habría que preguntárselo a él.

—Luna alude a la colaboración entre policías y fiscales como necesaria. ¿También aquí?
—Si el encuentro fue casual, ¿a qué viene hablar de relaciones institucionales entre Fiscalía y Policía? El problema es que la filtración del documento sólo puede venir de la Policía, la Fiscalía o el TSJ madrileño, las tres únicas fuentes con obligación de guardar secreto. Por eso extraña un encuentro entre fiscales y policías que son testigos en este caso.

—Pero los policías son eso, testigos, no imputados.
—Sí, pero tres testigos capitales porque son firmantes del documento revelado: el jefe de la brigada y dos autores del informe. Sí, acudieron como testigos pero a ningún fiscal se le escapa la posibilidad de que en función de las respuestas que ofrecen en su declaración pueden pasar a imputados.

—¿Qué busca el PP en este caso?
—Es difícil llegar a la fuente de la revelación del secreto, más cuando el imputado, como es su derecho, genera confusión. Luna destruyó el documento y el sobre que lo contenía. Un estudio dactiloscópico habría aportado algún indicio, pero se cuidó de hacerlo desaparecer inmediatamente. El juez instructor está agotando los márgenes de la investigación; y de no hallarse indicios, lo que procede es el archivo provisional, no sea que algún día aparezcan pruebas.

—No se han practicado pruebas a petición del fiscal. ¿Sorprendido?
—Ya le manifesté al fiscal superior, Ricard Cabedo, mi sorpresa por que no hubiera actuado de oficio en este delito exhibido en un lugar como las Cortes. Dijo que no había leído los periódicos. Ahora no sé si la inacción se debe a la actitud del fiscal encargado del caso o a la del fiscal general.

—¿Cómo queda Luna en el plano político?
—Es un justiciero de pacotilla. Él, que es legislador, ha contribuido, con su revelación de documentos secretos, como mínimo, a hacer más perniciosos los efectos del delito al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Es duro que el representante de un poder del Estado contribuya a agravar las consecuencias de un delito respecto a otro poder del Estado. Respecto a la reforma de la casa de su mujer, el auto dice que se pudo cometer un cohecho tipificado en el 425 del Código Penal. De no haber mediado la prescripción, una condena le hubiera llevado aparejada la privación del acta de diputado y la imposibilidad de ser concejal en el pueblo más pequeño de España.

—¿Qué daño ha hecho el «caso Gürtel» a la imagen de la Justicia?
—Importante. Pero en los asuntos con trascendencia política que están en manos judiciales siempre se producen daños colaterales. Lo que no es de recibo es que el entonces ministro de Justicia Mariano Bermejo se fuera de cacería con un juez instructor que se declara socialista. Por cierto, Bermejo fue fiscal jefe de Madrid cuando el PP estaba en el Gobierno; lo digo para que conste cuál es el respeto de unos y otros a la institución de la Fiscalía.

—Ve, pues, más sombras que luces.
—Sí, porque también hace daño a la Justicia mover su actuación hasta el final sin fundamento, y ocurre. Si luego hay una sentencia absolutoria esas personas han tenido un daño irreparable en su honor y en el patrimonio. Si, además, esa acción infundada de la Justicia se eleva como arma única de la actividad política y se quiere influir en la decisión del pueblo de elegir a sus legítimos representantes, el daño para la Justicia y el Estado de Derecho es irreparable.

—Que un juez «ilustre» a los periodistas, como hizo José Flors recientemente, ¿es algo frecuente?
—Las actividades formativas en las que participan jueces , salvo que sean privadas, están pautadas, si son en sede judicial, por el Consejo General del Poder Judicial. Flors es una de las personas más adecuadas para formar a periodistas de que reflejen bien cualquier cuestión judicial. Pero me pareció raro.

—¿Ha seguido de cerca la evolución del caso de Carlos Fabra?
—En los asuntos judiciales de Fabra es parte la Abogacía del Estado y mi deber de imparcialidad me impide pronunciarme sobre ellos. Eso sí, soy amigo de Fabra.

El PSPV, en la estela del PSC, perdería hoy 8 escaños respecto a 2007


Los sondeos encargados por el PP valenciano le daban 61 escaños en la Cámara autonómica si ahora se celebraran las elecciones previstas para el 22 de mayo. En la dirección nacional del partido las cifras son similares, incluso algo mejores. La encuesta conocida por Génova esta misma semana sitúa ya la horquilla de los populares valencianos en 61-62 escaños, lo que supondría aumentar hasta en 8 los obtenidos en el año 2007.

El proyecto encabezado por Francisco Camps se beneficiaría de la ola alcista que empuja a los populares en todo el panorama nacional y que puede llevar a la victoria en autonomías como Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria, según la misma oleada de encuestas encargada por Génova. En ellas se refleja también que el PP gobernaría en casi todas las capitales de provincia del país: el PSOE sólo tendría opciones en San Sebastián y La Coruña.

Efecto arrastre

La gestión de José Luis Rodríguez Zapatero ya hundió las expectativas electorales de José Montilla en Cataluña, donde el PSC perdió 9 escaños respecto a la convocatoria precedente. Ese efecto de arrastre entre los candidatos socialistas llegaría con fuerza a la Comunidad, donde Jorge Alarte reeditaría la «experiencia catalana».

El sondeo demoscópico que maneja Génova da a los socialistas valencianos 30 escaños, lo que supone una caída de 8 respecto a los logrados por Joan Ignasi Pla en 2007. El suelo electoral se desplomaría hasta quedar en apenas un 27%, un porcentaje inédito en democracia para el PSPV.

La estrategia de desgaste y denuncia de la corrupción y la judicialización de la política parecen haber factura a Alarte, hasta el punto de que el PP aplaude, por errático, el diseño de campaña del equipo del secretario general de los socialistas valencianos.

Más a la izquierda del arco parlamentario, EUPV se situaría con 7-8 escaños, lo que supondría un aumento de 4 ó 5 respecto a su actual grupo de no adscritos. El hecho de concurrir en solitario parece dotar de mayor fiabilidad la opción liderada por Marga Sanz, que recoge gran parte de la caída del PSPV y se beneficiaría también del carácter de referéndum a la gestión de Zapatero que impregnará la cita del 22-M.

Elche

Mientras, el Bloc-Iniciativa (Compromís) espera su oportunidad. Los datos lo sitúan en el entorno del 4%, a sólo un punto de lograr el acceso parlamentario con una representación de entre 4 y 5 diputados. De producirse esta entrada, aún difícil, lo haría a costa del PP . Sería el peor de los escenarios que, no obstante, como mínimo, le garantizaría subir dos diputados respecto a 2007.

En cuanto a las plazas municipales más reñidas, en Benidorm —objeto de la encuesta por las peculiaridades de transfuguismo y disensiones internas de PSPV y PPCV— se apunta una victoria del PP con 14 ó 15 concejales, frente a los 11-10 que obtendrían los socialistas encabezados por el tránsfuga Agustín Navarro. Además, los datos manejados no detectan posibilidades de quiebra del bipartidismo en este municipio.

La plaza de Elche, más disputada, prefigura un resultado muy ajustado entre PP y PSOE a favor de la primera formación.
http://www.abc.es/20110206/comunidad-valencia/abcp-pspv-estela-perderia-escanos-20110206.html

jueves, 3 de febrero de 2011


Ferraz permitirá volver a la lista a la mitad de los tránsfugas de Benidorm

La candidatura del PSOE de Benidorm, que se aprobará este viernes en asamblea, empieza a estar ya perfilada. Junto a algunos destacados miembros de la ejecutiva local —como el secretario general, Rubén Martínez, o el vicesecretario, José Marcet— y el fichaje de independientes, los puestos de salida de la lista se completarán con la «rehabilitación» de varios de los ediles que actualmente forman el equipo de gobierno, a pesar de su condición de tránsfugas.

Según fuentes del partido, a pesar del rechazo que siempre ha generado en algunos sectores de Ferraz la candidatura de Agustín Navarro, la dirección del PSOE está dispuesta a transigir con la recuperación como independientes —al igual que sucedió en el caso del alcalde— de entre tres y cuatro de los ediles actuales. De esta forma, Navarro se rodearía del grupo de confianza que le ha acompañado en su gestión al frente de la Alcaldía desde que arrebató la vara de mando al PP con una moción de censura. A excepción de Maite Iraola: la madre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ya ha anunciado su retirada de la política.

El enésimo desaire de la dirección socialista al Pacto Antitransfuguismo —que el pasado verano calificó el de Benidorm como «el más claro exponente» de esta práctica— permitirá repetir como candidatos a casi la mitad de los ediles que se dieron de baja en el partido para presentar la moción de censura en septiembre de 2009. Así, de los doce ediles ex militantes del PSOE que fueron calificados como tránsfugas, al menos cinco —incluido Navarro— tienen opciones de ocupar puestos de salida en la lista que se aprobará el viernes.

Guijarro, una pieza clave

Tal como viene publicando ABC en los últimos meses, la principal prioridad de Navarro era contar de nuevo con la actual edil de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Natalia Guijarro. La ex dirigente de Juventudes Socialistas parece tener asegurado un puesto en la candidatura, según fuentes próximas a la ejecutiva local.

En una posición similar se encuentra el actual edil de Servicios y Mantenimiento, Conrado Hernández, que ocupa además la séptima Tenencia de Alcaldía. Hernández, amigo íntimo de Agustín Navarro —ambos son socios de la misma peña festera—, es otro de los nombres irrenunciables para el alcalde de Benidorm, y también parece contar con un puesto de salida garantizado.

Curiosamente, también cuenta con muchas opciones el concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez. A pesar de la controversia motivada por las prácticas de «enchufismo», Martínez es otro de los fijos par el alcalde. Al igual que la edil de Medio Ambiente, Mariola Fluviá.

Apoyo de la ejecutiva local

El alcalde de Benidorm pretendía también contar en la candidatura con Eliseo Yus (Comercio) y Cristinta Escoda (Fiestas), amiga de Leire Pajín. No obstante, parece complicado que la dirección del PSOE transija también con erstos dos nombres, que elevarían el número de tránsfugas que repiten a siete.

En cualquier caso, Navarro cuenta con el apoyo de la ejecutiva local para sacar adelante unas pretensiones de las que solo se han caído la citada Iraola, por decisión propia, y los ediles de Urbanismo, Jaime Llinares, y Turismo, Manuel Cabezuelos, por falta de confianza del munícipe. El secretario local, Rubén Martínez, ya avanzó que los tránsfugas serán tratados «como cualquier militante» en la elaboración de la lista.


Los trece municipios de la Albufera se unen en contra de las prospecciones petrolíferas

Frente al lago de la Albufera, en pie y con los semblantes serios. Los 13 representantes de los municipios ribereños, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el de la Diputación, Alfonso Rus, los consellers de Medio Ambiente, Juan Cotino; de Turismo, Angélica Such; de Infraestructuras, Mario Flores; y de Agricultura, Maritina Hernández, acompañados por la alcaldesa Rita Barberá, mostraron ayer su enérgico rechazo a las prospecciones petrolíferas. Un frente común sin precedentes para defender una de las principales joyas de Valencia: su litoral.
 
Este despliegue político tenía la clara intención de demostrar la sintonía existente, y con su ejemplo reclamar el apoyo de los ciudadanos para unirse en contra de esta actuación «superando posiciones políticas». «Los valencianos, desde la unidad, deben ofrecer su rechazo a la realización de prospecciones petrolíferas en la costa del Golfo de Valencia», afirmó ayer Rita Barberá respaldada por la veintena de representantes.
 
Sueca, Silla, Sollana, Catarroja, Albal, Beniparrell, Cullera, Albalat de la Ribera, Algemesí, Alfafar, Sedaví, Cullera, Massanassa y Valencia. Todos los municipios estaban representados y todos quisieron asistir a la junta extraordinaria del Parque Natural de la Albufera, donde se visionó un vídeo y se mostró un mapa con el impacto visual que generarían las torres desde un extremo a otro de la Comunitat Valenciana. «Voy a hablar en nombre de todos para aseguraros que estamos unidos en un frente común porque esta actuación supondrá un gran impacto, tanto turístico como medioambiental», explicaba Rita Barberá, escoltada por el presidente Camps y los demás consellers y alcaldes ribereños.
 
Barberá hizo hincapié en los numerosos riesgos que podría conllevar la presencia de las torres para la flora y la fauna marina. Además, resaltó también su afección visual, porque se verían en 37 kilómetros de distancia, «desde el Montgó hasta el norte de Castellón». Se trata de un estudio cartográfico que se presentará junto al recurso contencioso administrativo que el Consell elevará contra la autorización del Gobierno a las prospecciones.

Camps, rumbo a Nuremberg

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, viajará el próximo viernes, 5 de febrero, junto con una delegación de empresarios y representantes del juguete a Nuremberg (Alemania), donde se celebra la feria más importante para este sector a nivel internacional, según ha informado el Consell en un comunicado.

Este certamen, que se celebra en Nuremberg del 3 al 8 de febrero, ha desplazado en relevancia a todas las ferias del sector en Europa y es el escenario en el que las empresas del sector presentan sus novedades y planes comerciales para el año. Se celebra anualmente -este año es la edición número 62- y es la única en la que se dan cita tanto las pymes y micropymes como las grandes empresas del sector.

En su última edición, la feria del juguete de Nuremberg contó en con más de 2.500 periodistas acreditados, cerca de 76.000 visitantes profesionales procedentes de 115 países que asistieron a la presentación de 70.000 novedades y más de un millón de productos. En este año la feria ha incrementado el número de expositores hasta alcanzar los 2.683.

Durante su estancia en Nuremberg, Camps mantendrá el viernes un encuentro con la delegación de empresas valencianas que participan en esta cita internacional. En esta reunión estarán presentes responsables de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), del Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU), de la Fundación Crecer Jugando así como representantes de las firmas valencianas Barval, Claudio Reig S.L., Limit Sport, Juguetes Cayro, Berjuan, Famosa, Giro Marketing & Sales, Molto y Cia, Miniland, Palau Hermanos, Vilaplana y Cia, Muñecas Arias, Josman o Injusa entre otras.

Asimismo, el sábado, 5 de febrero, recorrerá junto con la delegación valenciana los stands de la Feria de Nuremberg para conocer de primera mano la apuesta y las novedades con que las firmas jugueteras afrontan el 2011.

En este sentido, el vicepresidente primero del Consell y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, -quien se ha reunido esta mañana con el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor-, ha hecho especial hincapié "en el importante peso de las empresas jugueteras de la Comunidad en el conjunto de las firmas españolas presentes en este certamen".
Así, el titular de Industria ha detallado que de las 120 empresas españolas que mostrarán sus productos en Nuremberg, 55 proceden de la Comunidad Valenciana, lo que representa el 46% de las firmas españolas.

Vicente Rambla ha destacado la calidad, diseño y el valor didáctico y educativo que caracterizan al juguete de la Comunidad Valenciana, un sector que "en un momento de coyuntura económica como el actual está realizando un importante esfuerzo en innovación y está apostando por la internacionalización para seguir siendo competitivo en un mercado global", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que esta apuesta por la internacionalización del sector juguetero de la Comunidad comienza a dar sus frutos y así se desprende de los últimos indicadores económicos referentes a las exportaciones en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2010 que reflejan un incremento del 13 por ciento en la provincia de Alicante, donde se encuentra la mayoría de las empresas de la Comunidad, frente al aumento del nueve por ciento que se produjo en el conjunto de España.

miércoles, 2 de febrero de 2011



El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, recibió dos llamadas horas antes del chivatazo, otras dos el día del soplo y cinco en septiembre de 2006 del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo

El juez Pablo Ruz cierra el cerco en torno al Ministerio del Interior a cuenta de la investigación sobre el chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006. Y apunta directamente a la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

El magistrado ha ordenado a Interior que revele quiénes usaban los dos móviles y el fijo, todos registrados a nombre de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, a los que llamaron en 17 ocasiones los dos principales imputados del caso, el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior en Euskadi, Enrique Pamiés. Ese tráfico de llamadas tuvo lugar antes, durante y después del soplo a los terroristas. Y uno de los móviles es de Camacho.

El móvil 68674XXXX (en el auto hecho público hoy por Ruz figura completo y sin censura) es usado desde hace años por el secretario de Estado de Seguridad. Ese número está en posesión de los más altos responsables de las fuerzas de seguridad y de un grupo reducido de periodistas, además de familiares y otros allegados, según explicaron fuentes de la investigación.

El exdirector llamó a ese número dos veces horas antes del chivatazo, otras dos el día del soplo y cinco en septiembre de 2006, cuando comenzó la investigación. Responsables de Interior consultados sobre la aparición del número de Camacho en la investigación prefirieron guardar silencio.

El fijo corresponde a una centralita del Ministerio del Interior sita en la subsede del departamento en la calle madrileña de Amador de los Ríos, justo a las espaldas del edificio central del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta contingencia, anticipan fuentes judiciales, hará imposible conocer a quien llamaron los dos imputados por la delación al aparato de extorsión terrorista.

http://www.lasprovincias.es/rc/20110202/mas-actualidad/sociedad/telefonos-quiere-identificar-juez-201102012042.html


Ricard Cabedo y López Ebri se vieron con los tres agentes de la Brigada de Blanqueo que declararon en el TSJ por la causa del informe de Gürtel

El portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, reveló ayer uno de los secretos mejor guardados. ¿Por qué coincidieron los fiscales Ricard Cabedo y Gonzalo López Ebri con los tres policías que hicieron el informe sobre Gürtel en un restaurante valenciano horas después de que los agentes declararan en el TSJ? Tanto misterio para una solución tan sencilla: lo hablaron en la Sala después de testificar. Al menos, esa es la versión de Luna.
El socialista lo desveló sin que nadie le preguntara. El diputado señaló que ha remitido unas alegaciones (lo hizo ayer por la mañana) al juez Montero en las que explica que los miembros de la Brigada de Blanqueo de Capitales que declararon como testigos fueron a comer a un determinado restaurante «por una conversación que se produjo en la Sala». En esa reunión, según Luna, participaron el propio instructor, los abogados del PP y del propio portavoz socialista, el fiscal y los tres agentes de la policía: «El juez sabe lo que ocurrió en la Sala y valorará lo osado del escrito del PP», que pedía que se retirara de la causa a Cabedo y López Ebri. Luna se preguntó cómo valorará el magistrado que se haya podido fotografiar a agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico matizaron ayer la versión de Luna. Aseguraron que el instructor «no fue partícipe de esa conversación y fue el propio López Ebri el que sugirió a los policías la posibilidad de comer en ese restaurante porque estaba todo muy bueno. Lo repitió en varias ocasiones. Un agente policial fue el que tomó nota del nombre y de la dirección del establecimiento». Al parecer, el local está cerca del domicilio del teniente fiscal. LAS PROVINCIAS intentó ponerse en contacto con López Ebri sin éxito.
El caso es que, poco tiempo después de prestar declaración, los tres agentes de la policía y el teniente fiscal, Gonzalo López Ebri, y el fiscal jefe, Ricard Cabedo, coincidieron en la entrada del restaurante. Cabedo, que no participó en la reunión previa, señaló en todo momento que el encuentro con los miembros de la Brigada de Blanqueo de Capitales fue casual. Luna calificó ayer de «osado» el hecho de que el PP pidiera al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que retirara a los fiscales de la causa al tiempo que consideró como «muy razonable» que no se haya atendido la solicitud. El portavoz socialista lamentó que «se haya querido hacer creer que se ha pretendido confabular una declaración». El portavoz socialista calificó el asunto de «esperpéntico».
Nuevas diligencias
El PP ha pedido al juez que practique nuevas diligencias. Entre ellas, que declare el responsable del área de informática de la Comisaría General de la Policía para que explique cuántas personas tenían acceso a través de sus ordenadores al informa policial y que declaren también los escoltas de Luna, que se interesaron por el protocolo de seguridad de Les Corts horas antes de que el portavoz socialista declarara ante el juez Montero.
En la petición de nuevas diligencia se solicita también que la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalen si han realizado alguna investigación para ver si desde estos organismo se pudo filtrar el informe secreto sobre Gürtel que acabó en manos de Luna. También se pide que se verifique si los documentos que mostró Luna son de Justicia.

Los policías del «caso Luna» acudieron al restaurante por sugerencia del fiscal

El pasado 20 de enero tres policías de la Brigada de Blanqueo de Capitales declararon ante el juez Juan Montero en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en relación a la causa que instruye contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por haber difundido este un informe bajo secreto sumarial del «caso Gürtel».

Al término de la declaración los policías, así como varios fiscales —entre los que se encontraban el fiscal superior del TSJCV, Ricard Cabedo, y el teniente fiscal, Gonzalo López Ebri— coincidieron en el mismo restaurante, tal y como desveló ABC. Eso originó la solicitud del PP de abstención para ambos fiscales en la causa, que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, desestimó.

Lo apuntaron en la libreta

Pero el encuentro «casual» al que siempre han aludido los fiscales no parece ser tal. De hecho, fue el teniente fiscal, Gonzalo López Ebri, quien sugirió a los policías al término de la declaración —en presencia del abogado del PP, Jorge Carbó— que podían ir a comer al restaurante Mercatbar.

Los policías tomaron nota en una libreta de la dirección y el nombre y seguidamente se encaminaron hacia el local a su salida del TSJCV. López Ebri también llevó a los fiscales (entre ellos a Cabedo) a comer al mismo restaurante, aún a sabiendas de que allí podía coincidir con los policías.

Al respecto, el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, adelantó ayer que han remitido unas alegaciones al magistrado Juan Montero porque el encuentro «casual» en el restaurante «partió de una conversación que se celebró en Sala en la que estaban delante el instructor, el fiscal, el abogado del PP, mi defensa y los policías».

Luna, quien no quiso señalar a la persona que sugirió el restaurante, tampoco detalló que el juez instructor, Juan Montero, estaba delante cuando comenzó la conversación informal al término de la testifical de los policías pero la abandonó antes de que se hablara del restaurante que regenta Quique Dacosta en el barrio del Eixample de Valencia.

Lo cierto es que López Ebri ya conocía el restaurante y tenía muy buen concepto del mismo, por lo que intentó celebrar una comida con algunos fiscales el 18 de enero, que luego fue pospuesta al día 20.
Es posible que el fiscal superior de la Comunidad, Ricard Cabedo, no estuviera al tanto de que los policías fueran a acudir al citado restaurante, ya que no estuvo presente en la conversación con López Ebri, y de ahí que éste se los presentará a la puerta del local de restauración.

El caso del teniente fiscal, por contra, es distinto, porque acababa de hablar minutos antes con los integrantes de la Brigada de Blanqueo de Capitales. Pese a esta situación, Ángel Luna insistió ayer que le parece «esperpéntico» que haya quien pretenda que se explique «una casualidad que lleva a saludarse en la puerta del restaurante a fiscales y a policías que, por Ley, por Constitución y por el Estatuto Fiscal, tienen la obligación de colaborar».

Cadena de custodia

El relato de los hechos indica, en contra de lo que sostiene Luna, que el encuentro no fue «casual» y que al menos López Ebri sabía que podía coincidir con los policías. En este caso, además, tampoco se aplica el deber de colaboración entre el Ministerio Fiscal y la Policía, ya que los integrantes de la Brigada de Blanqueo de Capitales testificaron a petición del instructor como parte de la cadena de custodia del documento que fue delictivamente filtrado a Ángel Luna.

Este extremo sí fue reconocido por el portavoz socialista, quien indicó que es «evidente» que en este caso «no hay una colaboración entre el Ministerio Fiscal y la Policía» y que el deber de colaboración es «genérico en la persecución de los delitos». Es decir, que no es de aplicación en este caso pese a ser esgrimido como uno de los argumentos en descargo de los fiscales aludidos.