Otra sentencia avala el cierre de los repetidores ilegales de TV3
Una nueva sentencia, con fecha del 28 de febrero, avala la política de la Generalitat respecto al cierre de los repetidores ilegales de la Comunidad Valenciana de Acció Cultural del País Valencià (ACPV). El fallo se dictó once días después de que la entidad que lidera Eliseu Climent hubiera decidido cancelar las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana ante la imposibilidad de hacer frente a las multas impuestas por el Consell derivadas de los reiterados incumplimientos de la ley del Sector Audiovisual.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, otorga la razón al Gobierno valenciano respecto a la oposición de ACPV a facilitar el acceso de los técnicos de la Generalitat al repetidor instalado en la localidad castellonense de La Pobla Tornesa, conocido como Monte Bartolo por su emplazamiento geográfico. Ante la negativa de ACPV de cesar las emisiones desde dicho repetidor —que ofrecía irregularmente la señal de la televisión pública catalana en la provincia de Castellón—, la Dirección General de Promoción Institucional impuso a la organización de Climent un multa por valor de 300.000 euros.
La nueva normativa sancionadora de la ley del Sector Audiovisual, en vigor desde el pasado 1 de enero, permite a la Generalitat elevar la cuantía de la infracción en un porcentaje del diez por ciento del total, con un periodo quincenal, mientras se reiteren los incumplimientos.
En el caso del repetidor del Monte Bartolo, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Castellón Carmen Marín García establece en la parte dispositiva «la autorización de entrada en el centro emisor» solicitada por la Generalitat. ACPV reclamó medidas cautelares en su momento, que quedan ahora suprimidas.
Conflicto político
El visto bueno judicial al precinto de las instalaciones no resulta ya necesario, toda vez que la propia ACPV ha optado por clausurar el repetidor de su propiedad.
Sin embargo, el auto vuelve a otorgar la razón al Consell en un conflicto que perdura desde hace más de cuatro años y que ha dado el salto de los tribunales —donde las resoluciones han validado su actuación conforme a la normativa vigente— a la trifulca política.
En todo caso, la Generalitat ha optado por mantener la distancia a la espera de que el Ministerio de Industria mueva ficha y conceda a la Comunidad Valenciana el tercer múltiplex —del que ya dispone Cataluña— para poder garantizar la reciprocidad de las emisiones de las televisiones públicas en los respectivos territorios.
Mientras, la consellera Portavoz, Paula Sánchez de León, continúa a la espera de que el departamento catalán de Cultura cierre la fecha definitiva para reunirse con su titular, Ferran Mascarell, con el objeto de aclarar el conflicto institucional surgido por la apropiación de señas de identidad propias de la Comunidad Valenciana en la página web oficial «culturcat». Sánchez de León está dispuesta a abordar en la cita la controversia por el cese de las emisiones de TV3, que a día de hoy no figura en la agenda del encuentro que mantendrán en Valencia el próximo 20 de abril el jefe del Consell, Francisco Camps, con su homólogo catalán, Artur Mas.
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