Algo de humor: Jorge Alarte, "Spot para cine"
viernes, 11 de marzo de 2011
Las reacciones contrarias a las diferentes posturas adoptadas por los representantes socialistas respecto a los sondeos petrolíferos que se harán frente a la costa valenciana también han llegado desde grupos ecologistas. Es el caso de Oceana Europa, que ha pedido al PSOE que «respete la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, entidades e instituciones de las comunidades autónomas más afectadas por las prospecciones», apoyando la enmienda que pide la derogación de los reales decretos publicados por el Gobierno para permitir los trabajos.
Así se expresó su director, Xavier Pastor, después de que el pleno del Senado aprobara la citada enmienda a la Ley de Economía Social, que salió adelante pese al voto negativo de los senadores socialistas. De hecho, la normativa, junto a la propuesta de modificación, deben volver al Congreso para su aprobación definitiva. Y si no se cambiara, supondría el fin definitivo del proyecto. Hay que tener en cuenta que el PSOE puede recurrir a su mayoría en la Cámara Baja para tumbar la enmienda, pues al fin y al cabo, contraviene una decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Además, dispondría del apoyo de CiU, que también votó en contra en el pleno del Senado. De ahí la reclamación de la entidad. «Oceana pide a los diputados del PSOE y CiU que mantengan la derogación de los decretos en el Congreso, votando a favor de la misma o, al menos, absteniéndose», en palabras de Pastor.
La entidad no sólo aplaudió la medida adoptada en el Senado, sino que también se refirió a la Proposición No de Ley que aprobó la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, que también propició un pronunciamiento contrario de la cámara a los sondeos. En esta ocasión, los diputados socialistas optaron por la abstención, lo que choca con la postura en el Senado y con el rechazo unánime mostrado en los parlamentos autonómicos de la Comunitat y Baleares. Incluso ha existido oposición al proyecto en diferentes plenos municipales.
«Nos resulta difícil comprender las diferentes posiciones que toman los representantes del PSOE en las distintas instituciones», manifestó Pastor. «Todos saben que esas prospecciones amenazan las costas de los territorios que ellos representan y que, aún en el caso de que no se produzcan vertidos al mar, la combustión de los hidrocarburos que se extraerán incrementará las emisiones de CO2, el cambio climático, la subida del nivel del mar y la acidificación de los océanos», sentenció Pastor.
Además, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, cargó contra Joan Lerma y Leire Pajín, que como senadores se opusieron a la enmienda derogatoria. Por ello criticó que «alardeen de valencianía pese a no tener escrúpulos al respaldar las prospecciones».
Por otro lado, el Consell presentó ayer el recurso contra los reales decretos que autorizan los sondeos. El contencioso estará acompañados de una batería de informes sectoriales sobre los efectos ambientales, en las pesquerías y en el turismo. Además, el Consell Valencià de Cultura también prevé elaborar un informe sobre las afecciones en el seno de su comisión de Ciencias
miércoles, 9 de marzo de 2011
El culebrón continúa
El portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, aseguró ayer que le encantaría que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitara la Comunitat Valenciana durante la campaña electoral. Luna mostró sus preferencias y añadió que le gustaría que el líder del PSOE inaugurara la remodelación del aeropuerto de Alicante, «donde se han invertido 415 millones de euros». Lo más importante fue el que síndico socialista lo dijo claro y sin rodeos. ¿Le gustaría que viniera Zapatero en campaña? Respuesta: sí.
Con sus palabras, Luna se desmarcó de su secretario general, Jorge Alarte, que pasó el lunes por la tarde de puntillas sobre la pregunta de que si quería que el secretario general del PSOE visitara la Comunitat Valenciana durante la campaña electoral. Como si le incomodara la gestión.
Luna, al ser advertido de que Alarte había sido menos preciso que él sobre la llegada del presidente del Gobierno, intentó tirar balones fuera: «Igual no lo entendieron». Aunque de inmediato añadió: «Pero yo hablo por mí». La verdad es que Zapatero siempre se ha sentido más a gusto en el sur de la Comunitat que en el cap i casal. Entre él y Alarte nunca ha existido una especial sintonía. El presidente se desenvuelve como en casa en tierras alicantinas, zona que domina su protegida, la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
La última vez que pisó Elche quedó demostrado. Flores a Leire Pajín y el ninguneo más absoluto al secretario general, al que ni siquiera nombró. Es evidente que nunca ha habido chispa entre Alarte y Zapatero. El líder de los socialistas valencianos parece que no quiere arriesgarse a pasar desapercibido una vez más.
Luna, para no dejar tan evidente su deseo de que venga Zapatero, señaló que también le gustaría que pisarán la Comunitat durante la campaña electoral dirigentes como Alfredo Pérez Rubalcaba o el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra: «Todos los que han sido o son referentes del partido». El portavoz del principal partido de la oposición en Les Corts desveló que es fácil que el líder de PSOE se deje caer por Alicante para inaugurar las obras de El Altet. En Blanquerías prefieren que Zapatero no venga a la Comunitat durante la campaña. Se sienten mejor con, por ejemplo, Rubalcaba, como se vio en la proclamación de Alarte .
Lo que es una realidad es que la imagen del PSPV en la Comunitat es Ángel Luna. Lo conocen más que a su secretario general. Un dato que se puede corroborar dando un paseo por la calle. Y Luna también cae simpático en Madrid. Tanto en la visita de José Blanco a Gandia como en la proclamación de Alarte en el Palacio de Congresos, el portavoz socialista se vio obligado a levantarse para corresponder a los efusivos aplausos de la militancia.
El fin del espíritu de Vistalegre,
¿el final de Zapatero?
El PSOE nacido del XXV Congreso del año 2000 hizo de Vistalegre todo un icono político. Fue en octubre de 2002, coincidiendo con el 20 aniversario de la abrumadora victoria del PSOE en 1982, cuando José Blanco se atrevió a llenar la plaza de toros de Vistalegre con 20.000 personas, con una espectacular e innovadora puesta en escena.
Allí Zapatero, con su ya famoso "gracias Felipe", se hizo definitivamente con las riendas del partido, sin el tutelaje del ex presidente del Gobierno, y empezaron a subir espectacularmente las expectativas electorales del PSOE. Baste decir que siete meses después los socialistas ganaron por primera vez en 10 años unas elecciones de ámbito nacional, como fueron las municipales de 2003.
Nació lo que se dio en llamar el 'espíritu de Vistalegre', y la plaza de toros se convirtió en el referente del 'zapaterismo', en el motor de arranque de cada cita electoral, donde los socialistas cargaban las pilas. Se llegó a comparar con los míticos mítines del Palau de Barcelona, y se acuñó aquella frase de que si el PSOE llenaba Vistalegre, era síntoma seguro de que ganaban las elecciones.
La decisión adoptada ayer por la dirección federal, o directamente por José Blanco, de cancelar el mitin de Zapatero en Vistalegre previsto para el 3 de abril es todo un síntoma de la situación por la que pasa el PSOE y las explicaciones dadas hasta ahora son poco convincentes. Ni la situación económica del partido, ni la reprogramación de la campaña, ni la idea de querer centrar los comicios sólo en el ámbito municipal y autonómico son explicaciones convincentes.
Un Comité Federal clave
Puede que el PSOE sepa que no tiene fuerzas para llenar Vistalegre –por muchos tópicos que haya con lo del autobús y el bocadillo, no es fácil mover a la gente cuando los ánimos están muy bajos-, puede que los barones se hayan opuesto al acto y haya tenido que ceder la dirección federal; puede que sea una decisión estratégica, aunque sea difícil de entender.
Pero todo apunta a que la razón final se esconde en José Luis Rodríguez Zapatero. Sea el 26 de marzo, o el 2 de abril, habrá un Comité Federal donde ya parece difícil que el líder del PSOE no desvele su futuro o que, como poco, no haya una exigencia unánime de los barones para que lo haga.
Si la decisión que toma es de no presentarse, en pura lógica, no tenía sentido un Vistalegre. Ahí puede estar la clave: el fin del espíritu de Vistalegre sólo apunta al final de Zapatero.
martes, 8 de marzo de 2011
Otra sentencia avala el cierre de los repetidores ilegales de TV3
Una nueva sentencia, con fecha del 28 de febrero, avala la política de la Generalitat respecto al cierre de los repetidores ilegales de la Comunidad Valenciana de Acció Cultural del País Valencià (ACPV). El fallo se dictó once días después de que la entidad que lidera Eliseu Climent hubiera decidido cancelar las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana ante la imposibilidad de hacer frente a las multas impuestas por el Consell derivadas de los reiterados incumplimientos de la ley del Sector Audiovisual.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, otorga la razón al Gobierno valenciano respecto a la oposición de ACPV a facilitar el acceso de los técnicos de la Generalitat al repetidor instalado en la localidad castellonense de La Pobla Tornesa, conocido como Monte Bartolo por su emplazamiento geográfico. Ante la negativa de ACPV de cesar las emisiones desde dicho repetidor —que ofrecía irregularmente la señal de la televisión pública catalana en la provincia de Castellón—, la Dirección General de Promoción Institucional impuso a la organización de Climent un multa por valor de 300.000 euros.
La nueva normativa sancionadora de la ley del Sector Audiovisual, en vigor desde el pasado 1 de enero, permite a la Generalitat elevar la cuantía de la infracción en un porcentaje del diez por ciento del total, con un periodo quincenal, mientras se reiteren los incumplimientos.
En el caso del repetidor del Monte Bartolo, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Castellón Carmen Marín García establece en la parte dispositiva «la autorización de entrada en el centro emisor» solicitada por la Generalitat. ACPV reclamó medidas cautelares en su momento, que quedan ahora suprimidas.
Conflicto político
El visto bueno judicial al precinto de las instalaciones no resulta ya necesario, toda vez que la propia ACPV ha optado por clausurar el repetidor de su propiedad.
Sin embargo, el auto vuelve a otorgar la razón al Consell en un conflicto que perdura desde hace más de cuatro años y que ha dado el salto de los tribunales —donde las resoluciones han validado su actuación conforme a la normativa vigente— a la trifulca política.
En todo caso, la Generalitat ha optado por mantener la distancia a la espera de que el Ministerio de Industria mueva ficha y conceda a la Comunidad Valenciana el tercer múltiplex —del que ya dispone Cataluña— para poder garantizar la reciprocidad de las emisiones de las televisiones públicas en los respectivos territorios.
Mientras, la consellera Portavoz, Paula Sánchez de León, continúa a la espera de que el departamento catalán de Cultura cierre la fecha definitiva para reunirse con su titular, Ferran Mascarell, con el objeto de aclarar el conflicto institucional surgido por la apropiación de señas de identidad propias de la Comunidad Valenciana en la página web oficial «culturcat». Sánchez de León está dispuesta a abordar en la cita la controversia por el cese de las emisiones de TV3, que a día de hoy no figura en la agenda del encuentro que mantendrán en Valencia el próximo 20 de abril el jefe del Consell, Francisco Camps, con su homólogo catalán, Artur Mas.
Y no escarmienta...
Alarte sigue usando las naranjas para su campaña electoral
Alarte, que convocó una rueda de prensa para presentar la campaña «Es aquí, es ahora», aprovechó la ocasión para felicitar públicamente a los creadores del cartel por el «éxito» obtenido. Un éxito que, sin duda, no comparten los miembros de AVA, que ven cómo uno de los símbolos de la Comunitat está siendo atacado.
El candidato a la Generalitat aprovechó la ocasión para criticar la Convención del PP del pasado fin de semana en Mallorca, y aseguró que «ver a Camps firmar un papel contra la corrupción es vergonzoso».
Nada sobre Asunción
Parece que el acto de conciliación al que estaba citado ayer Alarte, por difamaciones contra Antonio Asunción, era totalmente desconocido para el líder socialista. «No sé nada sobre esa cosa, me he enterado por la prensa». Así, el exministro Asunción demandará a Alarte por un supuesto delito de injurias al acusarle de urdir un plan con el PP para ser nombrado conseller.
El candidato a la Generalitat aprovechó la ocasión para criticar la Convención del PP del pasado fin de semana en Mallorca, y aseguró que «ver a Camps firmar un papel contra la corrupción es vergonzoso».
Nada sobre Asunción
Parece que el acto de conciliación al que estaba citado ayer Alarte, por difamaciones contra Antonio Asunción, era totalmente desconocido para el líder socialista. «No sé nada sobre esa cosa, me he enterado por la prensa». Así, el exministro Asunción demandará a Alarte por un supuesto delito de injurias al acusarle de urdir un plan con el PP para ser nombrado conseller.
lunes, 7 de marzo de 2011
La ley de Igualdad de Trato puede lesionar otros derechos fundamentales
En su exposición de motivos, el anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, impulsado por la ministra Leire Pajín, pone de manifiesto su doble objetivo: «Prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador»; «extender la protección frente a la discriminación por cualquier motivo y en todos los ámbitos». Unos objetivos ambiciosos que el Gobierno quiere alcanzar con la vista puesta en el desarrollo de una sociedad «diversa y plural»; de una sociedad abierta y con una ciudadanía cada vez más diversificada.
Sin poner en cuestión el fin perseguido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en el informe aprobado el 28 de febrero de algunas de las deficiencias técnicas del anteproyecto —falta de concreción en la definición de las conductas sancionadas por discriminatorias—; del peligro de solapamiento entre el Defensor del Pueblo y la Alta Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un órgano de nueva creación con amplias competencias en la materia; o de las dificultades para aplicar los preceptos en las relaciones entre particulares.
Sobre éstas y otras cuestiones reflexiona el catedrático de Derecho Procesal Jesús María Santos Vijande. Su primera advertencia es clara: el anteproyecto «tiene una concepción tan expansiva del derecho a la igualdad, que podría lesionar otros derechos fundamentales». El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de «nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social» que consagra el artículo 14 de la Constitución se han instaurado, «ante todo y sobre todo», con la finalidad de «proteger al ciudadano ante la actuación arbitraria y discriminatoria de los poderes públicos, pero no como un instrumento para cercenar la libertad de otros ciudadanos restringiéndola sin la debida justificación». «En un Estado de Derecho —afirma— se puede y se debe limitar el ámbito de intervención de los poderes públicos, que no son titulares, como regla, de derechos fundamentales, pero muy distinto es ampararse sin los suficientes matices en la no discriminación para ignorar la libertad individual de los ciudadanos, que es un derecho fundamental que se concreta en otros muchos, como la libertad ideológica y religiosa, la libertad de información y de expresión, el derecho de asociación, la libertad de enseñanza, etcétera». Santos Vijande aconseja también ser «enormemente cuidadosos en la aplicación del derecho a la igualdad en las relaciones entre particulares para que al desterrar una supuesta discriminación injusta no vulneremos otros derechos consagrados en la Carta Magna».
«Discriminar —abunda el catedrático—, se define, según la primera acepción de la Real Academia, como seleccionar. Es pues un acto de libertad: cuando se elige o se prefiere algo o a alguien, por definición se está excluyendo. La Constitución prohíbe, sin duda, la discriminación injusta y arbitraria; pero lo que no se puede hacer es convertir el ejercicio libre de otros derechos fundamentales por los ciudadanos en discriminación contraria a Derecho».
Tanto Santos Vijande como el CGPJ en su informe recuerdan que, según la jurisprudencia constitucional, «en el ámbito de las relaciones entre particulares no está vedada toda desigualdad de trato». En el terreno de las relaciones privadas, la discriminación ilícita está circunscrita por la Constitución «a ámbitos muy definidos», mucho más limitados que en lo tocante a la actuación de los poderes públicos, precisamente para no menoscabar la libertad de las personas y el ejercicio de no pocos de sus derechos fundamentales.
Alquilar un inmueble
El catedrático señala algunos ejemplos cuestionables del anteproyecto: «Podría resultar lesivo del derecho a la libertad prohibir a los agentes de la propiedad inmobiliaria (artículo 19.2) que sigan las instrucciones de sus clientes para no vender o alquilar un inmueble, por ejemplo, a personas de una determinada nacionalidad... El anteproyecto lesiona de modo manifiesto la libertad personal».
Algo parecido ocurre —señala Santos Vijande— con los profesionales liberales. El artículo 14.2 de la ley interviene en la relación que se establece «entre la actividad profesional por cuenta propia y el cliente». «¿Por qué un abogado no puede pactar, en el desarrollo libre de su profesión, que representará sólo a personas de una determinada ideología o extracción social?», se pregunta. «¿Un artista comprometido con la protección de la naturaleza no puede acordar con Greenpeace que no trabajará para empresas balleneras?».
Sobre la no discriminación en la educación, el anteproyecto establece que los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley, en ningún caso podrán acogerse a financiación pública. «¿Cómo se concilia esta previsión —señala Santos— con el derecho fundamental a la libertad de creación de centros y el derecho a tener un propio ideario (art. 27.6 de la Constitución)? ¿Está diciendo el anteproyecto que, a partir de ahora, un centro escolar con ideario islamista ha de admitir forzosamente alumnos católicos, so pena de perder la financiación que pueda obtener como centro concertado?».
Mención aparte merece el control que ejerce la ley sobre los medios de comunicación. El artículo 22.1 obliga a todos los medios a respetar «el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación». Según Santos Vijande, en este punto es «muy difícil» conciliar la ley «con la jurisprudencia constitucional sobre la libertad de información y, en particular, con la doctrina sobre el llamado “reportaje neutral”». También con lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Estrasburgo admite, por ejemplo, la difusión de contenidos racistas siempre y cuando la actitud del medio no propicie la propagación de dichos postulados «revistiéndolos de legitimidad», sino que, por el contrario, muestre «sin dar lugar a falsas impresiones, que el medio se desvincula del contenido del mensaje».
Faltas y sanciones
Otro de los graves defectos de la ley es la imprecisión en la descripción de las conductas sancionadas y la desproporción entre algunas faltas y la sanción que llevan aparejada. Por ejemplo, se consideran infracciones leves las «conductas que incurran en irregularidades meramente formales por la inobservancia de lo establecido en la presente ley (art. 43.1)». Al hecho «de por sí inaceptable de que no se sabe en qué consiste la conducta descrita como infracción, se añade la circunstancia de que esas infracciones pueden ser sancionadas con la desproporcionada cuantía de hasta 10.000 euros. Previsiones legales como ésta son difícilmente conciliables con el principio de legalidad en materia penal y sancionadora, consagrado como derecho fundamental por el art. 25 de la Constitución».
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