La protesta secundada por el PSPV hunde un 20% las ventas del comercio
Dice la Constitución en su artículo 21: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes».
La Carta Magna regula de esa forma un derecho esencial en un régimen democrático que, en tiempos de crisis como los actuales, colisiona frontalmente con los intereses económicos. Una tendencia especialmente acusada en Valencia. La ciudad registró en 210 un total de 511 manifestaciones de las 551 que se celebraron en la provincia, de acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.
De media, en Valencia se producen 1,4 manifestaciones al día. La mayoría, como la que impulsó ayer el Colectivo contra la Corrupción y contó con la participación de una nutrida representación del PSPV, encabezada por su secretario general, Jorge Alarte, se celebran en sábado por la tarde y recorren las principales calles del centro de la ciudad. Una circunstancia ante la que han clamado los representantes de los sectores comerciales —Cecoval, Asucova y Anged—, quienes solicitaron hace tres semanas, sin éxito ni atención alguna por parte de los de los promotores de las protestas ni de los partidos políticos que las secundan, el cambio de los itinerarios para evitar la merma de facturación que implican las manifestaciones en la jornada de mayores ventas de la semana.
En la manifestación celebrada ayer en Valencia, participaron 3.500 personas según la Policía del Consell, aunque los organizadores elevan la cifra hasta las 60.000. El vicesecretario de Organización del PPCV consideró que se trata de un acto «catalanista e independentista, y en contra de la Comunitat Valenciana».
De acuerdo con los datos facilitados por la patronal de grandes superficies Anged, las marchas por el centro de la ciudad pueden acarrear un descenso del negocio de sus empresas asociadas cifrado en el veinte por ciento respecto a uno de los pocos sábados que quedan libres de protestas. Los datos fluctúan en función del número de asistentes a las marchas, el horario y la fecha, ya que si coincide con campañas especiales, como la navideña o las rebajas, el impacto puede ser incluso superior, según las mismas fuentes.
Colaboración frustrada
Para evitar esta situación, los empresarios han reclamado la «colaboración» de los convocantes de manifestaciones, que normalmente se desarrollan por las principales calles del centro comercial de la ciudad.
Asimismo, han solicitado a la Delegación del Gobierno que establezca «líneas de coordinación para atenuar el impacto» que las acciones reivindicativas ocasionan en el «impulso y normal desarrollo de la actividad comercial». En el día de ayer la situación resultó especialmente gravosa, toda vez que era el primero en el que la ciudad recobraba la normalidad tras la celebración de las Fallas. De hecho, el pasado 19 de marzo, sábado, el grueso de los establecimientos permanecieron cerrados al tratarse de un festivo no habilitado para la actividad comercial.
La tendencia a expresar en la calle las protestas ciudadanas se ha acentuado este año. Con la de ayer ya se ha celebrado 106 manifestaciones en la ciudad. Una situación que se puede agravar a medida que se acerque la cita con las urnas prevista para el próximo 22 de mayo.
Al margen del conflicto con los comercios, las protestas suponen también un coste añadido a las arcas públicas. Seguridad Ciudadana, Tráfico y Limpieza son las áreas más afectadas. Con motivo de la manifestación de ayer, el Ayuntamiento de Valencia hubo de movilizar a un contingente de cuarenta efectivos policiales.
El coste del servicio extraordinario de las brigadas del servicio municipal de limpieza está cifrado, inicialmente, en mínimo de 3.000 euros. Esta cantidad, según apuntan fuentes municipales, podrían aumentar en función de los desperfectos que se detecten posteriormente, así como por las posibles pintadas en las vía públicas.
La protesta, además, obligó a cortar las principales vías del centro de la ciudad y se modificó el recorrido habitual de veintisiete líneas de autobuses de la EMT en las horas previas y durante el transcurso de la manifestación. La previsión de la compañía eleva el impacto de la manifestación a algo más de 8.000 euros. El coste operativo supone unas pérdidas de 6.000 euros. La pérdida de viajeros calculada inicialmente comportaría un merma de ingresos cercana a los 2.300 euros, de acuerdo con fuentes de la empresa.
Nuevas movilizaciones
A corto plazo, el calendario marca otras citas que colapsarán el centro de la capital. Por ejemplo, la de Coalición Valenciana o la de Acció Cultural del País Valencià —ambas el 16 de abril—, que, en principio, se manifestarán por las calles más céntricas de Valencia desde la Plaza de San Agustín y las Torres de Serranos, respectivamente.
