Jorge Alarte se desplazó el pasado martes a la sede del PSOE en Ferraz para presentar 'La corrupción en la Comunitat Valenciana', una recopilación de denuncias e investigaciones judiciales que afectan a cargos del PP valenciano. Se trata del segundo golpe de una estrategia de 'de impactos' -el primero fue el de las naranjas podridas- con el que el candidato socialista trata de quebrar no sólo la invisibilidad que le atribuyen todos los sondeos, sino también tomar la iniciativa de la precampaña, aunque sea con una estrategia (la de ensuciar la discusión política) censurada en público en alguna ocasión por la dirección federal de su partido y similar a la utilizada por su antecesor en le cargo, Ignasi Pla, en la campaña de 2007 (se presentó como adalid de la transparencia) y con los resultados ya conocidos para los socialistas.
En Madrid, el líder socialista se hizo acompañar precisamente del portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, imputado en el TSJ de la Comunitat por un delito de encubrimiento como consecuencia de la exhibición en el Parlamento de un informe del 'caso Gürtel' bajo secreto de sumario y al que se le acaba de abrir juicio oral. Pese a ello, Alarte insiste en presentar al PSPV como un partido ajeno a denuncias e investigaciones judiciales. En Ferraz, el líder socialista expuso lo que definió como 'mapa de la corrupción' en la Comunitat, que incluye un organigrama con los rostros de los dirigentes populares afectados por esos casos. Dejado llevar, quizá, por el ansía de salpicar al mayor número de dirigentes populares posibles, los socialistas incluyeron en ese esquema a cargos del PP a los que nunca se les ha relacionado con causa judicial alguna o relacionada con la corrupción, como es la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o a otros expresamente exculpados esta misma semana por la justicia -como los que tienen que ver con el parque Terra Mitica-. Dos resbalones más que llamativos, que si no han sido más aireados por el PP valenciano ha sido precisamente por no contribuir a dar publicidad a la iniciativa socialista.
El trabajo de los socialistas valencianos se titula 'La corrupción en la Comunitat Valenciana', un título pomposo. Pero lo cierto es que la obra cojea. Blanquerías, se supone de que forma voluntaria y consciente, ha dejado fuera de su puntilloso análisis un buen número de casos que, de ser estrictos, cabrían bajo esa pretenciosa denominación. ¿Cuáles? Los que afectan a cargos públicos socialistas.
Ángel Luna
Empezando por su propio portavoz en Les Corts y copresentador del trabajo en Madrid, Ángel Luna, imputado ahora por encubrimiento y que ya ha protagonizado hasta tres 'paseillos' hasta el Palacio de Justicia valenciano -primero por un supuesto cohecho en las obras realizadas en su domicilio de Alicante por Enrique Ortiz solo dos años después de dejar de ser alcalde de Alicante, y para el que el juez decidió el archivo, no sin antes reconocer la existencia de indicios de delito; y otros dos por la exhibición del informe del 'caso Gürtel'-.
Alejandro Soler
El número dos de los socialistas valencianos y alcalde de Elche, Alejandro Soler, también ha probado los sinsabores de tener que declarar como imputado en el juzgado. Y no es precisamente por una cuestión anecdótica: el propio dirigente socialista ha llegado a reconocer (claro que él lo atribuye a un error) el pago con cargo a los fondos del Ayuntamiento, y por lo tanto de los todos los ciudadanos de Elche, campañas de publicidad del PSPV. La Audiencia Provincial de Alicante acordó inicialmente el sobreseimiento del caso, aunque el Tribunal Supremo revocó esa decisión y emplazó al juzgado a profundizar en la investigación del supuesto delito de malversación.
Paqui Viciano
Investigada por delitos de malversación de caudales públicos y otros relacionados con gestión urbanística. La exalcaldesa se vio salpicada por una operación realizada en su Ayuntamiento en 2004 por la venta de un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora. En paralelo, ha sido investigada por incumplir la Ley Electoral en las municipales de 2007 y, por último, a raíz de una denuncia sobre las cuentas de la campaña de los carnés 'Llunàtics i Dinàmics' puesta en marcha por ella en 2004.
Josep Tur
El exalcalde declarará en abril en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación en la realización de unas obras en el municipio. El juzgado número 4 de Nules ha abierto una causa contra la actual alcaldesa de este municipio y los dos exalcaldes por delitos de prevaricación a raíz de una querella vecinal, por la que se investigan unos expedientes relativos a si se deberían de haber paralizado unas obras.
Juan José Puchol
El exalcalde socialista se enfrenta a ocho años de prisión y diez de inhabilitación por delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y contra los derechos individuales. El exconcejal está acusado de eliminar del planeamiento un vial que pasaba por su finca y, según el fiscal, ubicarlo en la propiedad de un vecino con el que estaba enemistado. El juicio está pendiente de reanudarse.
Vicente Llinares
El alcalde, igual que el concejal de urbanismo, están siendo investigados por supuesta corrupción en la recalificación de un terreno rústico.
Enrique Navarro
El juzgado Número 2 de Nules admitió a trámite una querella contra el exalcalde de Onda, y contra el actual primer edil, Juan Miguel Salvador, por un supuesto delito de prevaricación en una de las dos zonas verdes de la Serratella.
Ignacio Ramos
El alcalde socialista tuvo que ir a declarar a finales de 2010 como imputado por presuntas irregularidades urbanísticas.
Bertomeu Bas
El exalcalde socialista y otros exediles fueron denunciados por presunto delito de prevaricación, malversación de fondos, falsedad documental y tráfico de influencias.
J. Luis Andrés Chavarrías
El alcalde de Burjassot está siendo investigado por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental, delito societario, delito de insolvencia punible y delito tributario, en relación con las cuentas de Burjatec. Acudío a declarar al juzgado hace pocas fechas.
Juan José Rubio
Una concejala denunció presuntas irregularidades en las actividades de compraventa de inmuebles llevadas a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra S.L. En enero, la Fiscalía del TSJCV presenta una denuncia contra el alcalde socialista, Juan José Rubio, y tres concejales. A raíz de estas acusaciones, Rubio fue expulsado del PSPV. Se le acusaba de presunta prevaricación urbanística, un delito contra la ordenación del territorio, otro de actividad prohibida a funcionario público, fraude y estafa.
José J. Moya
El alcalde socialista fue detenido por un posible delito urbanístico ante el que el PSPV decidió suspenderle cautelarmente de la militancia.
Trinidad Martínez
El juez imputó a la exalcaldesa -y candidata el 22-M- y a un concejal por adjudicar de forma irregular el PAI de Les Donases al haber participado en su deliberación, votación y ejecución cuando tenían intereses familiares en el programa.
Salvador Martín
Como secretario general del PSPV en Sueca, fue condenado en sentencia judicial firme a seis meses de prisión y otros tanto de inhabilitación por la construcción ilegal en suelo protegido del parque natural de la Albufera.
Carmen Martínez
El PP ha denunciado a la alcaldesa socialista por un presunto delito de prevaricación en un solar propiedad del Ayuntamiento en el que permitió que una empresa ocupara desde hace varios años 25. 000 metros cuadrados de suelo rústico no urbanizable.
Manuel Vera
El ya exconcejal socialista fue condenado por el Juzgado número 4 de Torrevieja en relación a una querella por calumnias presentada por el popular Eduardo Gil Rebollo.
Agustín Navarro
El actual alcalde tránsfuga de la localidad alicantina y candidato tendrá que declarar ante el juez junto a José Bañuls imputados por prevaricación por la resolución de un contrato sobre la zona azul y la grúa del municipio.
Francisco García Gelardo
El exalcalde de la localidad alicantina permitió a la promotora «San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A.» iniciar las obras de una macrourbanización compuesta por 1.500 chalés y un campo de golf, una actuación que acabó sometida a investigación judicial por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Leticia Bas
El ingeniero municipal del Ayuntamiento de Redován reveló a la Guardia Civil que la exalcaldesa socialista y el exconcejal de Sostenibilidad le presionaron para que el contrato de suministro de agua potable al municipio se adjudicara a la ute formada por Acciona y Bluesa.
Juan Antonio Toledo
El exalcalde socialista fue condenado a tres años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos.
José Luís Sanchís
El alcalde tuvo que declarar ante el juez como imputado por permitir unas obras sin haber ob tenido los informes, ni autorizaciones de la dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.
